BASTA DE ATROPELLOS

La Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial informa a sus afiliados/as que, teniendo en cuenta la vulneración de derechos, entre los que podemos citar: no pago en término del aguinaldo, suspensión de la Feria Judicial de Julio, suspensión unilateral de la paritaria salarial, entre otros, la Comisión Directiva de nuestra asociación gremial, teniendo en cuenta lo dispuesto por la última asamblea extraordinaria presencial, ha tomado las siguientes medidas:

  1. Adherir a la Jornada Nacional de Lucha convocada por la Federación Judicial Argentina para la semana próxima. Exigimos
  • Vigencia plena de la Feria invernal.
  • Pago del aguinaldo en tiempo, no en cuotas
  • Reapertura de la negociación paritaria salarial
  • Rechazo a las pretendidas reformas de los sistemas previsionales

entre otras. La fecha de la jornada lo definirá el plenario nacional convocado para el viernes próximo.

  1. Presentar Recurso de Revocatoria de la Acordada Nro. 29.543 sobre la Feria Judicial de Julio, el cual ha sido confeccionado por nuestros asesores jurídicos, para todos aquellos afiliados/as que lo deseen.
  2. Poner a disposición de los afiliados/as el dictamen sobre la mencionada Acordada elaborado por el Dr. Marcelo Bustos Fierro, asesor jurídico de la Federación Judicial Argentina, el que a continuación se adjunta.

Buenos Aires, 23 de junio de 2020

 

SEÑOR SECRETARIO GENERAL:

 

En relación a vuestro requerimiento de consulta jurídica respecto al dictado de la Acordada Nro. 29.543 por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza del día de la fecha, en mi carácter de letrado apoderado de la FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA y de la Organización Sindical a vuestro digno cargo, la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, emito el presente dictamen conforme el contenido que a continuación se explicita:

  1. Según surge de la lectura de la Acordada en cuestión, la misma dispone la suspensión de la feria judicial prevista para el mes de julio del corriente año 2020, aduciéndose para ello desde el punto de vista fáctico la proliferación anterior del virus denominado Covid-19 transformado en pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos Nacionales y Provinciales de “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” normada por los sucesivos actos administrativos que se aluden que imposibilitaran la prestación del servicios de justicia en toda su extensión, mientras que desde el plano estrictamente jurídico se recurre a facultades cuyo ejercicio correspondería al máximo órgano de Justicia de la Provincia en virtud de lo establecido por el art. 46 de la Constitución de la Provincia de Mendoza.
  2. En función de lo expuesto y en miras a peticionar la desactivación de la medida dispuesta por la SCJ que objetivamente perjudica el derecho que le asiste a la licencia acotada en el mes de julio de cada año a los empleados, magistrados y funcionarios que integran el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, cuadra precisar en primer término que la existencia de la aludida pandemia constituye una situación de caso fortuito o fuerza mayor, contemplado por el 1730 del Cód. Civil y Comercial,   el cual consigna que: «Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario. Este Código emplea los términos «caso fortuito» y «fuerza mayor» como sinónimos».
  3. Comentando el precepto señalado en el punto anterior, se ha sostenido que «En ambos supuestos se está haciendo referencia a la misma cosa: un hecho que, por resultar imprevisible o inevitable, fractura totalmente la cadena causal y se constituye en la verdadera causa adecuada de los daños sufridos por la víctima. En tanto se reúnan tales caracteres, poco importa si la eximente es consecuencia de un hecho de la naturaleza (terremoto, inundación, etc.), o de acciones humanas ajenas al demandado y que éste no puede impedir (hecho del príncipe, etc.) (Cfr. PICASSO, Sebastián- SAENZ, Luis, en Código Civil y Comercial Comentado, dirigido por HERRERA, Marisa – CARAMELO, Gustavo y PICASSO, Sebastián, Ed. Infojus, Bs. As., 2015, To IV, pág. 435 y doctrina allí consignada).

 

  1. En tales condiciones, es evidente que los trabajadores judiciales del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza que fueron alcanzados por las medidas de aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio” a partir del Dictado del Decreto 297/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, se vieron constreñidos al cumplimiento del confinamiento ordenado, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA DE SU PARTE por la cual deban responder, en situación equiparable a la denominada “enfermedad inculpable” que contemplan la totalidad de los regímenes jurídicos aplicables tanto a la Relación de Empleo Público Judicial en el ámbito provincial, como así también a las diversas regulación del Sector Público en general y de la actividad laboral privada.

 

  1. Debe recordarse en función de lo señalado, que el Decreto 297/2020 en su art. 2° textualmente dispone:

ARTÍCULO 2º.- Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.

Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

Asimismo, en abono del cumplimiento de la normativa precedentemente citada, el art. 3° del Decreto bajo análisis establece que el Ministerio de Seguridad de la Nación será el encargado de los controles  permanentes en rutas, vías públicas y  de acceso, circunstancia que exterioriza a las claras la imposibilidad de todo desplazamiento, el cual de ser transgredido hará a sus responsables y quienes lo acepten y consientan, pasibles de la aplicación de los arts. 205 y 239 del Código Penal.

  1. Lo expresado en los puntos 4 y 5 del presente, torna evidente la configuración de la circunstancia impredecible expuesta, con la obligación por parte del empleado judicial de cumplimentar los recaudos de la normativa sanitaria dictada, bajo apercibimiento de incurrirse en caso contrario en las sanciones de los tipos penales señalados, todo lo cual lleva a colegir que aquél ha sido impedido de prestar servicios sin haber podido utilizar el tiempo en beneficio propio, criterio que caracteriza a cualquier licencia ordinaria, como la aquí analizada.

 

  1. En efecto, la denominada “feria Judicial ordinaria” a diferencia de la “feria judicial extraordinaria” tiene carácter vacacional, mientras que esta última es la que se establece frente a acontecimientos imprevistos que imposibilitan o resienten el funcionamiento de los tribunales, tratándose siempre este último supuesto de hechos ajenos al personal que presta servicios en el ámbito del Poder Judicial -salvo obviamente alguna eventual responsabilidad individual en la producción de un hecho dañoso- en virtud de los cuales los empleados se ven impedidos total o parcialmente del cumplimiento de su débito laboral.

 

  1. Así las cosas, el confinamiento obligatorio dispuesto en virtud de la proliferación del virus Covid-19 por parte de las Autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial, acompañadas por las Acordadas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Mendoza, jamás puede ser considerado bajo el prisma de una suspensión de prestación de servicios de carácter vacacional, como parecería desprenderse del contenido de la Acordada  543  bajo análisis, sino que por el contrario, la conducta llevada a cabo por los agentes públicos tuvo en mira la preservación de la salud de los mismos y de sus respectivos núcleos familiares frente al avance de la enfermedad y la altísima tasa de letalidad en breve lapso que exhibe la misma y que la llevara a convertirse en fenómeno mundial, sin perjuicio de la existencia de los denominados grupos de riesgo, impedidos de todo contacto en virtud de su edad, estado de salud, gravidez, etc. e imposibilitados de todo tipo de labor.

 

  1. Lo señalado precedentemente, lleva a colegir que lejos de haberse transitado una situación de alivio frente a la no concurrencia al lugar de trabajo por parte de los empleados del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, la obligatoriedad del aislamiento, las restricciones de circulación, la incertidumbre acerca de la situación social, la perdida de la libertad y la nueva dinámica imperante de vinculación familiar, fueron y seguramente seguirán siendo motivos de padecimientos psicofísicos y en la salud en general de los trabajadores, que naturalmente deben tenderse a neutralizar y no a profundizarse con el desconocimiento del derecho a la licencia vacacional que implica la supresión de la feria judicial prevista para el mes de julio de 2020.

 

  1. Por el contrario, la conducta transformadora frente al fenómeno sanitario/social padecido y con el objeto de evitarse mayores consecuencias perjudiciales para los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, sería ratificar por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia –como acontece desde tiempos pretéritos- el receso judicial de invierno para precisamente propender a mitigar las consecuencias nocivas apuntadas que inexhorablemente causó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, por cuanto no se puede culpabilizar al trabajador judicial ni hacerlo responsable en forma alguna de la fuera mayor apuntada, sin que se observe razonable la recurrencia a lo normado por el art. 46 de la Constitución de la Provincia a que antes se hiciera referencia, toda vez que en la especie no resulta de recibo una interpretación positivista del texto de la norma, pensada obviamente para situaciones de déficit propio de funcionamiento del Poder Judicial, antes que para circunstancias impredecibles que se producen cada cien (100) años, como lo es la existencia de una pandemia.

 

  1. Tampoco se observa atendible el argumento aparente señalado en la Acordada bajo análisis al aludir que se suspende el receso judicial “a fin de poder cumplir conforme lo expresado con tiempos razonables de resolución en resguardo del derecho de los mendocinos” (Sic), no solamente porque la ausencia de funcionamiento de la Administración de Justicia durante el tiempo del Aislamiento Social se observa absolutamente irrecuperable como daño consolidado de más de ochenta (80) días, sino que al mismo tiempo lo argumentado constituye una mera manifestación de ocasión que vulnera en forma abierta y ostensible el derecho a la licencia para vacacionar de los empleados judiciales, sin que la extensión de la misma (10 días hábiles) se aprecie de una magnitud que pudiera tener algún grado de influencia en la aceleración de los procesos judiciales.

 

  1. A lo expuesto, de por si suficiente para que se deje sin efecto la Acordada en cuestión, se le adiciona como factor determinante, lo normado por el art. 60 apartado II del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la Provincia de Mendoza (Ley 9.001) que taxativamente establece que son inhábiles –entre otros- los días que corren desde el 10 de julio al 31 de julio de cada año, es decir el receso invernal ordinario comentado, careciendo por ende la Suprema Corte de facultades  para “suspender” el mismo. Sobre el particular, no se alcanza a entender la cita que efectúa la Acordada de la normativa apuntada, toda vez que la misma –conforme se dijera- no le otorga atribución alguna al Alto Tribunal Provincial para no aplicar la misma, señalando simplemente el artículo en cuestión la expedición de una acordada de fijación con mero carácter recordatorio de alcance general para conocimiento de la ciudadanía, pero no obviamente para abrogar una ley por una simple decisión de superintendencia judicial.

 

  1. Al respecto es realmente sorprendente y al mismo tiempo preocupante, que el máximo órgano judicial de la Provincia, interprete final de la Constitución Provincial y las leyes dictadas en su consecuencia, se auto/atribuya facultades que de ninguna manera posee para no aplicar una normativa como la citada cuyo carácter prístino en por demás elocuente incurriendo prima facie en un claro abuso de autoridad, siendo por el contrario su obligación primaria el cumplimiento y aplicación de la Ley antes que su desconocimiento por razones de mera conveniencia.

 

  1. Debemos reafirmar una vez más que la licencia correspondiente a la denominada “feria judicial de invierno” constituye un cese de tareas de carácter vacacional, siendo  un derecho al descanso de los empleados, magistrados y funcionarios del Poder Judicial impuesto en su beneficio  como tal  por razones procedimentales de tramitación de los juicios -a diferencia de lo que acontece con el funcionamiento de los otros dos Poderes del Estado- que en modo alguno puede ser conculcado por el empleador, en el caso la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, mediante una determinación unilateral que transgrede la normativa  señalada de forma abierta,  encontrándose el acto administrativo dictado (Acordada) viciado en su objeto y finalidad, siendo por ende inválido e ineficaz.

 

  1. En tales condiciones, se propicia conforme las facultades del art. 31 de la Ley 23.551 se proceda por parte de la ASOCIACION GREMIAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE MENDOZA, a incoar el respectivo recurso de reconsideración a efectos de dejarse sin efecto la Acordada en cuestión, sin perjuicio de hacerse reserva de las medidas legítimas de acción sindical a eventualmente implementarse de ratificarse la vigencia de un acto cercenatorio del derecho a la licencia vacacional que poseen los trabajadores judiciales.

 

 

Dr. Marcelo Ezequiel Bustos Fierro

Abogado – T° 32 F° 759 CPACF

Asesor Legal

 

 

Al Sr. Secretario General de la Asociación

De Empleados y Funcionarios del Poder Judicial

De Mendoza.

Cro. Ing. Carlos Ordoñez

S/D.-

 

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