Carlos Francisco Ordoñez, Secretario general y Adriana Elizabeth Dominguez, Secretaria adjunta de la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, se dirigen a Usted a fin de manifestarle que esta Asociación Gremial observa con suma preocupación la reapertura de la función judicial y de instancias jurisdiccionales que exceden, a nuestro criterio, el carácter de lo urgente y esencial, lo cual hace que se ponga en riesgo la salud y la vida, no sólo de los trabajadores y trabajadoras judiciales, sino también de la comunidad mendocina en general, ya que en esta materia la afectación de unos conlleva la afectación del conjunto.

Sabemos que existe un delicado límite entre lo indispensable y necesario para la subsistencia, que debe ser entonces garantizado a la población, y la situación de emergencia derivada de la pandemia. Entendemos que la mejor forma de evaluar lo que se debe y puede hacer, debe ser consensuada entre todos los sectores involucrados, en consulta con especialistas en cada tema, y con pleno funcionamiento del Comité de Emergencia, hoy totalmente vaciado.

Es por ello que, en representación de los trabajadores/as del sistema judicial mendocino, solicitamos a Usted, como cabeza del Tribunal Superior de Mendoza, haga lugar a los requerimientos que a continuación se mencionan, con el único objetivo de cuidar la vida de todos/as:

 

  1. Disminución del personal que concurre en forma presencial

Es clara y pública la posición de nuestra Asociación Gremial rechazando la decisión de abrir en forma total e irrestricta el sistema judicial mendocino, a excepción de problemáticas específicas tales como libertad, violencia de género y alimentos. A nuestro entender, dicha decisión de apertura general responde a intereses de pequeños grupos del poder concentrado, en cuyas cuentas no se contabilizan las muertes y los perjuicios a la salud de la gente, sino sus ganancias. Entendemos que, tal cual lo hemos informado, no están dadas las condiciones de bioseguridad necesarias para mantener la totalidad del sistema judicial en funcionamiento.

No obstante, ya que la decisión de las autoridades es la apertura total del sistema, algo preocupante si se tiene en cuenta que nuestra provincia está atravesando la peor etapa de la pandemia y de su sistema de salud, solicitamos se disminuya al mínimo posible la cantidad de personal que trabaja en forma presencial, como así también se restrinja al mínimo indispensable la circulación de personas ajenas al Poder Judicial, que por razones de urgencia deban concurrir a nuestros edificios judiciales, asegurando para ellas todos los controles de bioseguridad necesarios.

 

  1. Regulación del trabajo a distancia:

Al día de hoy existe un número importante de trabajadores/as que realizan trabajo a distancia, sin ningún tipo de regulación y con grandes perjuicios para su vida privada. Dicho tema fue abordado en la paritaria celebrada el día 4 de mayo de la cual Usted participó, ratificando el principio de voluntariedad del mencionado trabajo. Insólitamente y demostrando una manifiesta mala fe negocial, la patronal no devolvió el acta paritaria firmada ni dio respuesta alguna a pesar de nuestros reiterados reclamos.

Advertimos que no está dentro de sus facultades tomar decisiones unilaterales relativas a las condiciones de trabajo que son exclusiva potestad de comisiones paritarias y/o voluntarias de los trabajadores/as judiciales. En tal sentido, la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio 177 de la misma, suscripto por nuestro país, e incorporado a través de la ley 25.800 conceptualizan el “trabajo a distancia”. En efecto, el trabajo a distancia es un trabajo absolutamente distinto, que debe ser regulado y está fuera de las obligaciones de los trabajadores/as judiciales, tal como está claro en dicha normativa. Por lo que exigimos que la Suprema Corte suscriba el acuerdo alcanzado oportunamente y cese en prácticas desleales dentro del ámbito paritario.

 

  1. Rotación quincenal del personal que trabaja en forma presencial:

El importante número de personas que circulan por nuestros edificios, su variedad etaria, como así también la cantidad de papel en circulación, hacen del sistema judicial un ámbito de alta probabilidad de contagio. Consideramos imprescindible rotar los equipos de trabajo quincenalmente. Esto permitirá: disminuir la cantidad de personal presencial permitiendo que se respete la distancia social obligatoria, bajar los niveles de stress que origina la exposición diaria permanente y permitir que, en caso de sospecha de contagio en el personal judicial, se pueda aislar todo el equipo de trabajo, y otro equipo lo pueda reemplazar. Requerimos además se prohíba trabajar en forma presencial a aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo o están exceptuados por alguna razón.  Nadie puede renunciar a cuidar su salud y la de todos/as.

 

  1. Cuarta Cirscuncripción Judicial:

En la mencionada circunscripción se ha presentado un caso de persona infectada por Covid-19 por lo que solicitamos el urgente cierre de las dependencias judiciales de este Poder, por el término de 15 días y la realización de todos los test y cuidados necesarios para el personal judicial, a fin de preservar la salud de empleados, funcionarios, magistrados y de la comunidad toda.

 

  1. Regulación de la Meed

Son claras las dificultades técnicas existentes y el alto grado de stress que genera a los operadores el funcionamiento permanente de la Mesa de Entrada Digital, lo cual no les permite gozar de los derechos constitucionales en cuanto a jornada limitada y descanso diario. Solicitamos que el funcionamiento de la MEED se restrinja a la jornada habitual de trabajo y la misma no funcione los días sábados, domingos y feriados.

 

  1. Regulación de turnos para abogados y público en general:

Observamos con profunda preocupación el mal funcionamiento del sistema de turnos para profesionales en varios órganos jurisdiccionales de la provincia. La superposición de dichos turnos, el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales, la pretensión de algunos de ser atendidos sin turnos, como así también la permanencia en las Mesas de Entradas de los abogados/as, una vez cumplido el intervalo de tiempo establecido, hace de imposible cumplimiento las condiciones de bioseguridad necesarias, especialmente el distanciamiento social obligatorio. Se requiere urgente un nuevo sistema que contemple: menor cantidad de turnos diarios, mayor intervalo de tiempo de consulta y respeto irrestricto del sistema.

 

  1. Condiciones de bioseguridad:

Exigimos garantizar todos los elementos de bioseguridad necesarios para el normal desempeño de tareas del personal judicial en toda la provincia, en especial los elementos de protección necesarios para todos aquellos que realizan tareas de control, limpieza y desinfección. Se deberá tener especial cuidado para que el número de personas dispuestas por lugar de trabajo permita cumplir el distanciamiento social obligatorio, lo cual hoy no se cumple en varios órganos judiciales.

 

  1. Urgente pago del aguinaldo:

La decisión del Gobernador de la provincia de postergar el pago del aguinaldo a los trabajadores/as judiciales ha puesto en situación de emergencia económica a un número importante de ellos.

Usando la actual pandemia y la disminución de la recaudación pública como excusas, el gobierno provincial intenta mostrar como “normal” el ajuste a sus trabajadores/as. Al mismo tiempo evita tomar medidas económicas que permitan mayor recaudación y justicia distributiva, como ser: la modificación del regresivo sistema impositivo, el impuesto de emergencia a las grandes fortunas, el adecuado cobro de impuestos a los grandes contribuyentes, la suspensión de pagos y revisión de la deuda pública provincial, entre otras.

La Suprema Corte no debe desentenderse del pago de los sueldos de sus empleados y funcionarios. Esta situación amerita no sólo que la Suprema Corte realice todas las gestiones necesarias tendiente a lograr el pago sino también que públicamente inste al gobierno provincial a actuar conforme la constitución y las leyes.

 

  1. Convocatoria a paritaria salarial:

El gobierno provincial, previo al inicio de la cuarentena, tomó la decisión unilateral de eliminar la cláusula de recomposición salarial automática (gatillo), no realizó oferta salarial alguna en la paritaria del día 10 de marzo pasado y suspendió unilateralmente la negociación.

Sorprende el silencio de la Suprema Corte ante la decisión del gobierno provincial de depreciar el salario de sus trabajadores/as. El ajuste no comenzó por la pandemia, lleva meses, es previo a la cuarentena, como lo es también el descontrolado endeudamiento de la provincia del cual son responsables los funcionarios que lo contrajeron, no los empleados/as judiciales.

  1. Inmediata convocatoria a la comisión negociadora sobre condiciones de trabajo

La Suprema Corte asumió el compromiso de discutir en el ámbito paritario las condiciones de trabajo de sus empleados, tendiente a la construcción del Convenio Colectivo de Trabajo. Lamentablemente debemos decir que una vez más no cumplió, por lo que exigimos la inmediata puesta en funcionamiento de la Comisión paritaria por los medios virtuales correspondientes.

 

Por finalizar hacemos propias las palabras de nuestro gobernador, quien en Tweet, en el día de ayer manifestó: “hablemos claro, es un momento crucial. El virus está entre nosotros y el distanciamiento físico es clave para cortar las cadenas de contagio. No hay tiempo que perder. Seamos solidarios, optemos los próximos 15 días por el aislamiento voluntario”.

La Suprema Corte no puede desentenderse, es responsable y debe velar por la salud de todos/as los/as judiciales, de no ser así, podrá ser responsable de pérdidas irreparables.

Apelamos pues a una nueva reflexión y consulta. Si ello no se diere así, nos veríamos ante la obligación, en protección de los trabajadores y trabajadoras, empleados y funcionarios y de la población toda, a adoptar medidas de fuerza de carácter sanitario, ordenando la abstención de la prestación laboral.

Sin otro particular, saludamos a Usted muy atentamente.

 

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