Los trabajadores y trabajadoras judiciales repudiamos la salvaje represión policial contra los manifestantes que, en el día de la fecha, protestaban frente a la Casa de Gobierno provincial por la apertura a la minería extractiva y contaminante decidida por la legislatura a partir de un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que obtuviera el respaldo de los partidos mayoritarios.
La actitud represiva no solo es un claro signo antidemocrático y antirepublicano, sino la evidencia misma de que los cómplices de las corporaciones mineras internacionales no tienen argumentos para defender lo que hacen.
Por nuestra parte, reiteramos que una explotación minera de tales características va contra los intereses de la población mendocina, contraría el camino de una economía sustentable y solo favorece a una pequeña minoría, a quien el gobierno provincial ha decidido privilegiar.
Es necesario, pues, revertir tal legislación y es por ello que, junto con numerosos sectores que ya se han pronunciado exigimos al gobernador que no promulge la ley referida.
Finalmente, hacemos responsables a las autoridades gubernamentales provinciales y policiales por la reiteración de eventos represivos que puedan tener, además,consecuencias graves para la salud y la vida de las personas.
 
COMISION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION GREMIAL DE
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
Mendoza, 23 de diciembre e 2019
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