La Justicia de Mendoza y el Gobierno enfrenta una crisis estructural que se refleja en la evaluación negativa de la ciudadanía hacia un sistema que, según denuncias, no garantiza la igualdad ni la justicia que merece la población. Este descontento, sin embargo, no se origina en la labor de los empleados judiciales, quienes trabajan en condiciones precarias, con salarios que no alcanzan la canasta básica, sino en la falta de inversión y políticas públicas efectivas para fortalecer el sistema judicial. La situación es compleja. La brecha salarial dentro del Poder Judicial ha sido calificada como “escandalosa” por el gremio que representa a los empleados del sector. Según informes, un juez puede percibir un salario equivalente al de 17 empleados judiciales, lo que evidencia profundas desigualdades económicas al interior del sistema. Esta disparidad ha sido duramente criticada, no solo por su impacto en los trabajadores, sino también por las implicancias que tiene en la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía. “Es hora de que se tomen medidas para cambiar esta situación”, es el principal reclamo en el marco del proceso para la construcción de un convenio colectivo de trabajo y la apertura de paritarias. Los empleados judiciales exigimos salarios dignos, reducción de la brecha salarial y mejores condiciones laborales. También desde hace más de un año advertimos sobre la recarga de trabajo y la falta de recursos, problemas que afectan directamente la capacidad del sistema para responder a las demandas de la sociedad. “La justicia debe ser un sistema que brinde igualdad y justicia para todos, no un sistema que perpetúe la desigualdad y la injusticia”. La situación expone una problemática que ha sido denunciada durante más de un año y que hacen vital un cambio estructural de la institución, y queda en evidencia que la necesidad de un convenio colectivo de trabajo que refunde la carrera judicial, cambie la estructura salarial y modifique las condiciones laborales es imperiosa si realmente se quiere transformar la realidad y beneficiar a toda la sociedad mendocina. Sin dudas 2025 pondrá las cartas sobre la mesa y lo discursivo quedará de lado; es hora de accionar y las herramientas están a disposición para ver si todas las partes están a la altura de las circunstancias para dar soluciones reales a problemas importantes.