La importancia de este convenio radica en que, por primera vez, se establecerán de manera formal y consensuada las normas que regirán las relaciones laborales en el Poder Judicial, un sector que históricamente ha enfrentado grandes desafíos en términos de negociación colectiva. Las reuniones de trabajo tendrán un plazo de doce meses y se llevarán a cabo dentro de un marco convencional y constitucional, con la participación de representantes técnicos designados por las distintas unidades organizativas.

El desafío de cambiar la lógica paritaria

Desde la Comisión Directiva del gremio de Judiciales, uno de los objetivos centrales ha sido modificar la estructura de las negociaciones paritarias. Según declaraciones del Secretario General durante una asamblea en el Palacio Judicial, era evidente que la configuración paritaria tradicional no permitiría avanzar en los puntos clave que el gremio consideraba esenciales. 

La estrategia gremial inicialmente planteada preveía una larga lucha para derogar la acordada 19.000 y luego encarar la negociación del convenio colectivo. Sin embargo, la movilización y la determinación de los afiliados aceleraron estos procesos, obligando a la Suprema Corte a responder a las demandas en un plazo mucho más corto de lo esperado. Así, lo que parecía una batalla de largo aliento, se ha convertido en una realidad tangible: la mesa de discusión sobre la acordada 19.000 y el convenio colectivo ya están en marcha.

 Un nuevo paradigma para los trabajadores judiciales

El Secretario General del gremio, Babillón, ha señalado que existen dos caminos para enfrentar la crisis salarial que afecta al sector: continuar con las negociaciones paritarias cada tres o seis meses, con el riesgo de entrar en conflictos constantes, o adoptar una estrategia más estructural. La elección del gremio ha sido clara: abogar por la creación de un convenio colectivo de trabajo que no solo regule las condiciones salariales, sino que también establezca una nueva carrera judicial que reconozca adecuadamente el trabajo de cada empleado, garantizando una remuneración justa y digna.

Este convenio no solo aspira a mejorar las condiciones salariales, sino que busca una transformación integral del sistema judicial. Entre los temas a discutir se incluyen un nuevo régimen de licencias, una estructura salarial revisada, la creación de una carrera administrativa más justa, y la incorporación de normas de higiene, seguridad y perspectiva de género. Todo esto, con la Suprema Corte en pie de igualdad en la mesa de negociaciones.

El contexto político y el futuro del convenio

El proceso de negociación del convenio colectivo se desarrolla en un contexto político complejo, tanto a nivel nacional, con la figura de Javier Milei, como provincial, con Alfredo Cornejo, ambos con posturas que muchos perciben como amenazas a los derechos laborales. Frente a este panorama, el gremio de Judiciales reafirma su compromiso de luchar por lo que considera justo, manteniéndose firmemente “unidos y convencidos” de que, con unidad y determinación, se pueden lograr avances significativos.

El desafío es inmenso, pero la voluntad de transformar el sistema judicial y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores parece más fuerte que nunca. El próximo 19 de agosto será un día clave en este proceso, que podría marcar un antes y un después en la historia del Poder Judicial y del movimiento sindical en Argentina.