El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reveló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC-Costo de Vida) experimentó un incremento del 25,5% en Diciembre, cerrando el año con un preocupante 211,4% de inflación, superando las expectativas que pronosticaban un 180% para 2023. Esta situación ha dejado rezagados a los salarios de los empleados judiciales, quienes, además de arrastrar la deuda de 2020, solo lograron una recomposición salarial cercana al 150% durante 2023. 

Entre las divisiones que más contribuyeron al aumento se destacan Bienes y Servicios Varios, con un 32,7%, impulsado por subas en artículos de cuidado personal; Salud, con un 32,6%, debido a variaciones en medicamentos y Transporte, con un 31,7%, por los incrementos en los combustibles. 

La división con mayor incidencia en todas las regiones fue Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que experimentó un aumento del 29,7%, impulsada por los precios de la carne y derivados, así como de pan y cereales. 

Ante este escenario, expertos como José Vargas de la consultora Evaluecon anticipan un impacto significativo en Enero, previendo un IPC de "entre el 20 y 25%", influenciado por el aumento de combustibles y tarifas. La renovación de alquileres, sumada a la devaluación y ajuste de precios relativos, configuran un panorama económico desafiante. 

En cuanto al consumo, la dinámica de cambios diarios en listas de precios ha generado escasa exhibición de productos en los más de 20.000 comercios activos en Mendoza. Frente a esta situación, se destaca la necesidad de organización, participación y acceso a información para que los empleados judiciales logren una justa recomposición salarial, real y acorde al esfuerzo que cada uno realiza desde su lugar de trabajo, también afectado por las malas condiciones laborales. 

Marcelo Licanic, economista y docente de la UnCuyo, describe la situación como un "tsunami en etapas", pronosticando que Enero podría superar el 25% de inflación y acercarse al 30%.

En este contexto, resaltamos la importancia de reforzar espacios de discusión y participación para lograr una verdadera recomposición salarial y mejorar la calidad de vida de los empleados judiciales, que han sido relegados durante años.